La AGN detectó graves irregularidades en el Plan Nacional de Vivienda durante las gestiones de Macri y Fernández
La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un duro dictamen sobre las irregularidades detectadas en programas de viviendas en el último año de gestión de Mauricio Macri y la presidencia de Alberto Fernández. Los auditores recibieron apenas la mitad de la documentación solicitada a las dos administraciones y encontraron un patrón sistemático de violaciones que abarca obras paralizadas, viviendas entregadas sin terminar y fondos transferidos a las provincias sin mecanismo real de fiscalización.
Alcance del informe de auditoría
El informe, dirigido al ex secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda Rodrigo Aybar Perlender, del gobierno de Javier Milei, revela falencias que atraviesan dos administraciones sin que ninguna de las carteras responsables las corrigiera. La AGN examinó 28 Acuerdos de Cooperación y Uso (ACU) firmados con las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco y Tucumán, en el marco del Programa 38 "Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano". Los trabajos de campo se extendieron hasta el 1 de marzo de 2024, permitiendo constatar el estado real de obras entregadas entre 2021 y 2023.
Irregularidades en rendiciones de fondos
La auditoría relevó incumplimientos generalizados en la rendición de los fondos transferidos a las cuatro provincias analizadas. Las irregularidades incluyen:
- Atrasos en la presentación de certificados de avance de obra con demoras de más de 30 meses en el caso de Salta
- Rendiciones mensuales sin las planillas reglamentarias exigidas
- Facturas con fechas de emisión posteriores a sus fechas de cancelación (casi cuatro meses en algunos casos)
- Cronogramas de pago sistemáticamente incumplidos
Uno de los casos más llamativos involucra el Acuerdo de Cooperación y Uso 436/15 de Buenos Aires: una factura con fecha de emisión del 16 de mayo de 2019 fue declarada como cancelada el 15 de enero de 2019, casi cuatro meses antes de ser emitida. La AGN señaló que se trata de un hecho recurrente, no de un caso aislado.
Deficiencias en el sistema de control
Uno de los hallazgos de mayor gravedad institucional es la ausencia total de mecanismos de supervisión por parte de la Unidad de Gestión. El Reglamento Particular del Plan Nacional de Vivienda responsabiliza expresamente a esa unidad de "llevar adelante las acciones necesarias de supervisión". Sin embargo, la AGN no encontró evidencia de que se haya realizado auditoría técnica o financiera alguna, ni procedimiento de confrontación de los avances informados.
Al solicitar los expedientes de tramitación de los 28 acuerdos, la AGN recibió documentación completa de apenas 14 de ellos, el 50%. De los restantes, 3 llegaron incompletos, 5 solo con copia del acuerdo firmado, y 6 con apenas algunos documentos sueltos.
Problemas con el software CIVITAS
La AGN cuestionó el sistema CIVITAS, software utilizado para el seguimiento de los acuerdos. El programa no registra información anterior a 2015, pese a que el 50% de los convenios auditados fueron firmados antes de ese año. Además, el sistema arrastra errores de tipeo en certificaciones que se replican mes a mes sin corrección.
Retrasos masivos en ejecución de obras
Solo en dos de los veinte Acuerdos de Cooperación y Uso analizados —ambos de Tucumán— fueron ejecutados dentro de los plazos originales. Los 18 restantes registraron retrasos que, en algunos casos del Chaco, llegaron a los 120 meses, con obras que seguían en ejecución o paralizadas al momento del cierre del trabajo de campo en febrero de 2024.
Incrementos de costos sin precedentes
La AGN analizó comparativamente los costos originales con los costos finales, determinando que 16 de los 28 Acuerdos de Cooperación y Uso (57,14%) debieron readecuar sus montos. Los incrementos registrados son contundentes:
- Acuerdo 884/15 de Salta: pasó de $12.649.218 a $40.259.781,80, un aumento del 218,28%
- Acuerdo 1904/14 del Chaco: de $21.623.056 a $66.022.169,10, un incremento del 205,33%
- Acuerdo 1806/14 de Salta: un aumento del 191,68%, pasando de $34.350.013,74 a $100.190.680,22
- Los incrementos más moderados no bajaron del 30%
Las causas fueron múltiples: retrasos en rendiciones, demoras en liberación de desembolsos, obras paralizadas o vandalizadas, y procesos licitatorios que en Tucumán demoraron hasta 13 meses desde el primer desembolso hasta el inicio de obras.
Deficiencias graves en calidad de construcción
Las visitas in situ revelaron que las viviendas construidas no alcanzan los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social. En Salta, los muros exteriores presentan deterioro visible por la elección de un producto de impermeabilización inadecuado, en viviendas entregadas entre 2021 y 2023.
En el Chaco se documentaron las falencias más graves. Las viviendas del Acuerdo 892/15 fueron entregadas a sus beneficiarios sin cielorraso, sin aislación, con baños y lavaderos sin conectar, sin griferías, sin tanque de agua y sin presión en el servicio. Las instalaciones eléctricas eran improvisadas con riesgo de electrocución, y las aberturas fueron calificadas como inadecuadas.
El Acuerdo 634/15, destinado a 100 viviendas para comunidades originarias (Criollos y Qom), terminó con solo 69 unidades construidas: 31 menos que las proyectadas.
Ausencia de sistema de recupero de inversión
La cláusula 19° de todos los acuerdos establece que los Entes Ejecutores deben implementar un sistema de recupero mediante cobro de cuotas a los adjudicatarios. Sin embargo, solo Salta efectuó cobros reales de cuotas mensuales durante el período auditado. Al consultarle al Ministerio si existió seguimiento a nivel nacional, la respuesta fue: "No se implementó ningún protocolo de recupero".
Desaparición de la cartera de vivienda
Al asumir el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei disolvió el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat mediante el Decreto 8/2023. El área pasó a ser Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, luego de Economía. Finalmente, el 11 de febrero de 2025, mediante el Decreto 70/2025, el gobierno disolvió definitivamente la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas y dejando en manos de las provincias la responsabilidad de definir sus propias políticas habitacionales.
Fuente: Infobea